Publicado en Aire Libre
La educación es un elemento imprescindible si queremos construir una sociedad democrática donde todos los ciudadanos se encuentren imbuidos en el principio de la conservación de los recursos naturales. Desde tal óptica se debiera considerar incluir en los planes de estudio algunas horas respecto de ecología aplicada, puesto que con ello los jóvenes comprenderían la necesidad imperiosa de interactuar e integrarse con la naturaleza, evitando incurrir en daños innecesarios que pueden resultar irreparables.
Pero este es un objetivo a largo plazo, en tanto que los problemas ecológicos son actuales.
No podemos esperar que estos niños, cuando ocupen lugares preponderantes en la sociedad, solucionen los problemas del hoy, y va de suyo que nuestra obligación es preservar para ellos y no a la inversa.
Debemos actuar ahora y no mañana, pues no podemos esperar que las generaciones venideras solucionen problemas que son de nuestra responsabilidad.
Así como el mercado se ha prestado a abusos desmedidos, a los que se ha puesto parcialmente coto mediante el dictado de la Ley de Defensa al Consumidor, debemos mencionar que los habitantes de la Nación y sus organizaciones civiles (O.N.G.) también cuentan con elementos para peticionar en defensa de sus derechos y de la naturaleza.
Así, el art. 41 de la Constitución Nacional dispone que:
“ Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.
Con ello queremos señalar que el sistema legal contempla y habilita el ejercicio de los derechos de peticionar y defender el hábitat, la naturaleza y su utilización sustentable, pero para así proceder debemos tomar conciencia de nuestros derechos para, en su caso, acudir a las vías de acción apropiadas para la mejor defensa de nuestro patrimonio natural.
Comisión Directiva
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